El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció este miércoles la conformación de un equipo de asesores nacionales e internacionales para una “gran reforma constitucional”. Este proyecto, según explicó , busca “democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano”.

Sin embargo, el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país.

Maduro destacó que esta reforma tiene como objetivo principal consolidar “la soberanía nacional, la soberanía popular”. Pese a estas afirmaciones, no especificó los puntos clave de la iniciativa ni cómo se implementará.

“Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones”, declaró el dictador chavista.

Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos.

La actual Carta Magna promovida por Hugo Chávez en 1999, fue aprobada en referendo con el 71 % de los votos en medio de una jornada marcada por alta abstención y un desastre natural en el norte del país. En 2009, Chávez lideró una enmienda que permitió la reelección indefinida, lo que Maduro ha utilizado para mantenerse en el poder más allá de los límites democráticos.

El anuncio de Maduro evoca la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada en 2017, bajo el falso pretexto de redactar una nueva Constitución. En realidad, esta organización se transformó en una herramienta del régimen para reprimir a la oposición, usurpando las funciones del Parlamento, que en ese momento estaba bajo el control de los adversarios de Maduro.

La ANC, señalada como ilegítima por su creación sin referendo consultivo, cesó en 2020 sin haber modificado la Constitución, pero sí levantó la inmunidad parlamentaria a decenas de diputados opositores y concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo.

“La ANC no trajo una nueva Constitución; trajo más represión y control”, señalaron entonces diversos analistas internacionales.

El anuncio de esta reforma constitucional ocurre en un contexto en el que Maduro busca consolidar su control sobre el país. A pocas semanas de la toma de posesión presidencial, pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales que refuerzan su autoritarismo.

Recientemente, el Parlamento, bajo control chavista, aprobó modificaciones en leyes electorales y sobre comunas. Además, implementó una ley de justicia comunitaria que otorga mayor control político a jueces de paz electos, un esquema diseñado para fortalecer la influencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Maduro negó este jueves que en el país haya presos por razones políticas, al tiempo que dijo que los detenidos tras la crisis postelectoral son personas que atacaron, amenazaron, agredieron y “mataron”.

“Salen a decir que son presos políticos, no son presos políticos son gente que quemó, que atacó, que amenazó, que agredió, destruyeron y mataron”, aseguró el dictador de Caracas en un acto televisado.

Maduro sostuvo que en el país “no triunfó el terror ni el fascismo, triunfó la paz y la vida”.

Varias ONG y organismos internacionales han denunciado una escalada de la represión en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro de forma fraudulenta.

Este jueves, la ONG venezolana Provea pidió que se otorgue una medida humanitaria para la libertad de los presos políticos, cifrados en 1.877 tras las liberaciones de las últimas semanas según la organización Foro Penal.

A través de X, Provea afirmó que los presos políticos de Venezuela necesitan una medida humanitaria “para recuperar su vida, reencontrarse con sus familiares, amigos y seres queridos”.

“Aún estamos a tiempo”, indicó, a la vez que pidió una Navidad sin presos políticos, la mayoría de ellos detenidos tras las presidenciales.

Diversas ONG han denunciado casos de personas que no estaban protestando y, sin embargo, fueron detenidas, contrario a lo que asegura la Fiscalía chavista, que califica a los arrestados de “terroristas” y los acusa de generar “violencia” y “vandalismo”.

El lunes, la Fiscalía informó que 533 personas detenidas tras las elecciones fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

(Con información de EFE y AFP)