El nombre de Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, empezó a circular en medios de comunicación a principios de 2025, cuando investigadores revelaron que, supuestamente, el ataque armado en el que murió la familia de pastores de Aguachica, Cesar, habría sido planeado para ella. Cuatro semanas después de esa masacre, fue asesinada en Medellín y los responsables serían dos hermanos de nacionalidad venezolana.

SEMANA conoció los principales hallazgos del estudio que realizaron la Policía Nacional y la Fiscalía para dar con el paradero de los autores materiales de este homicidio, ocurrido el 22 de enero, sobre las 7:50 p. m., a las afueras de un reconocido hotel del barrio Naranjal, de la capital de Antioquia. El registro de las cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas y entrevistas de testigos fueron determinantes.

La tesis de los detectives es que los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera estuvieron detrás del hecho. Ambos acudieron a una compraventa del centro de la ciudad para adquirir la motocicleta que transportó al sicario esa noche para acabar con la vida de alias La Diabla: negociaron por varios minutos un automotor que valiera menos de $ 2.000.000 y terminaron pagando $1.900.000.

Los investigadores reconstruyeron el minuto a minuto de la situación. Al parecer, Estarlin Oswaldo habría seguido el homicidio desde un establecimiento comercial de la comuna del Estadio y José Gregorio habría conducido la motocicleta que llevaba al sicario que, sin mediar palabra, accionó su pistola en varias oportunidades en contra de la mujer quien, en ese momento, revisaba un golpe en su carro.

Uno de los testigos relató que el homicida tenía un teléfono en la mano, estaba aferrado al arma de fuego y escapó de inmediato en la moto, la cual minutos más tarde apareció abandonada a pocos metros del sitio de la emergencia con una huella y una chaqueta negra, elementos analizados por los detectives. Posteriormente, los criminales se cambiaron de ropa y volvieron a caminar como si no hubiera pasado nada.

Los investigadores los identificaron en tiempo récord y cayeron este 12 de febrero en la ciudad de Barranquilla. Al parecer, ellos le reconocieron a un allegado que se les había “calentado la vuelta” por la muerte de una mujer y que debían salir de Medellín, pues residían en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde se concentraron las labores de búsqueda de la Policía Nacional y la Fiscalía.

En medio de las averiguaciones, los detectives accedieron al testimonio de una persona que pidió guardar su identidad por motivos de seguridad, cuyas palabras fueron mencionadas en medio del juicio que se adelanta en la capital de Antioquia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En un fragmento, el juez del caso retomó las palabras de la fuente informal.

Este informante les confirmó a los funcionarios que los sujetos que estaban buscando eran dos venezolanos que conocía plenamente: “Tienen montada, lo que llama, una oficina dedicada a atentar contra la vida de personas colombianas y venezolanas, a robar, usando como fachada ser domiciliarios de aplicaciones”, manifestó el togado en una de las audiencias a las que accedió SEMANA.

Los dos extranjeros no aceptaron los cargos que le fueron imputados este 13 de febrero por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por el alto peligro que representan para la sociedad y el riesgo de que escapen del país para evadir sus eventuales responsabilidades, el juez tomó la decisión de mantenerlos en un centro de reclusión mientras avanzan las investigaciones. Por ahora, no se ha detenido al sicario.