Ante la inminente toma de posesión del presidente electo Donald Trump, surge la pregunta: ¿cómo influirá la nueva administración de los Estados Unidos en el crimen organizado en Venezuela? 

Durante el primer mandato de Trump, su política hacia el país sudamericano comprendía sanciones económicas e intentos de cambio de régimen, denominado como política de máxima presión. Tras las elecciones venezolanas de 2018, marcadas por irregularidades, Nicolás Maduro se declaró ganador. En respuesta, Trump reconoció a Juan Guaidó, entonces líder de la oposición, como presidente legítimo de Venezuela.

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Sin embargo, la política de máxima presión no debilitó a Maduro. Por el contrario, ante el colapso económico provocado por la pérdida de ingresos petroleros, el mandatario fortaleció su poder al recurrir con mayor intensidad a las economías ilícitas para sostener su régimen. Creó un Estado híbrido donde hay una línea delgada entre gobernabilidad y criminalidad. Además, estrechó lazos con aliados estratégicos como Rusia y China, quienes ofrecieron apoyo crucial a Venezuela durante la pandemia, y consolidó su posición al demostrar su capacidad de adaptación.

A continuación, InSight Crime explora dos escenarios basados en entrevistas con expertos en crimen organizado y la política estadounidense que podrían influir en la evolución del crimen organizado en Venezuela durante el segundo mandato de Trump.

Escenario 1: Presión incrementada

El primer escenario, denominado “presión incrementada” por algunos expertos, emerge como el más probable, según las entrevistas conducidas por InSight Crime. 

Este enfoque sería liderado por una hipotética influencia predominante de Marco Rubio, un fuerte crítico del gobierno venezolano nominado como próximo secretario de Estado, y Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional que anteriormente apoyó sanciones al régimen de Maduro, y quien se reunió con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia el pasado 6 de enero. La política se caracterizaría por un endurecimiento de las sanciones internacionales. Las medidas incluirían la imposición de nuevas sanciones a funcionarios de alto nivel y sectores clave de la economía venezolana, con especial énfasis en la industria petrolera.

Según estimaciones de expertos, el retorno de sanciones más estrictas reduciría los ingresos petroleros del país de manera drástica. Frente a esta pérdida de recursos, el gobierno venezolano y sus aliados podrían intensificar su dependencia de economías ilícitas, “vendiendo más petróleo en el mercado negro a través de intermediarios dudosos”, señaló a InSight Crime Geoff Ramsey, miembro principal del Atlantic Council’s Adrienne Arsht Latin American Center.

El narcotráfico sería otro beneficiario indirecto de esta presión. Venezuela, como corredor estratégico para la droga proveniente de Colombia, podría experimentar un aumento en el tránsito de sustancias ilícitas, con el fin de generar ingresos mediante el encubrimiento de estas actividades. Otro sector que podría ganar protagonismo es el de la minería ilegal, una economía ilícita altamente lucrativa, pero difícil de combatir debido a los retos en el rastreo de la procedencia del oro. Sin embargo, los actores criminales también enfrentarán desafíos. Ramsey señaló que las redes criminales también podrían enfrentar mayores dificultades debido a un incremento en la vigilancia y patrullaje en los países vecinos.

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El fortalecimiento de las economías ilícitas podría tener implicaciones profundas para la estabilidad del régimen de Maduro. Un investigador especializado en crimen organizado en Venezuela consultado por InSight Crime, quien no quiso revelar su nombre por razones de seguridad, advirtió que la creciente concentración de rentas ilícitas en manos de actores privados podría intensificar las tensiones dentro del Estado. Facciones internas, motivadas por el control de economías como la minería ilegal, podrían desencadenar luchas de poder, alimentando un ciclo de violencia que fracturaría aún más al régimen. Estas rentas ilícitas podrían ser utilizadas para financiar armas, reclutar personal y adquirir recursos destinados a organizar golpes de Estado o levantamientos, aumentando el riesgo de una implosión en las estructuras de poder actuales.

Los expertos consultados por InSight Crime descartaron la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que esta opción no estaría alineada con los intereses de Donald Trump. Su lema “Make America Great Again”, traducido al español como “hacer a América grande otra vez”, refleja un enfoque prioritario en los asuntos internos del país. Además, los costos asociados a una operación de tal magnitud serían excesivamente altos. Cualquier operación armada podría agravar la crisis humanitaria en Venezuela y aumentar significativamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, un efecto contrario a las metas de Trump de reducir la inmigración al país norteamericano.

Escenario 2: Cohabitación pragmática

Otro escenario identificado por los expertos, aunque considerado menos probable, es el de la “cohabitación pragmática”, un enfoque que podría ser implementado si la propuesta directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha expresado reservas sobre la presión excesiva, logra ejercer mayor influencia dentro del gabinete de Trump. 

En este escenario, en lugar de recurrir nuevamente a las sanciones y la presión internacional, Estados Unidos consideraría retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

El investigador consultado por InSight Crime lo resumió de la siguiente manera: “Si se da lo que llaman la cohabitación pragmática, lo que ocurriría en 2025 es una estabilización de la economía y, por ende, la aproximación de Maduro a los mercados ilegales tendería a moderarse.” 

A pesar de que durante la administración del presidente Joe Biden se levantaron algunas de las sanciones contra la petrolera estatal venezolana y se otorgaron licencias de operación a Chevron, una compañía petrolera estadounidense, no fue posible reanudar por completo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta situación se agudizó de manera abrupta tras las elecciones de julio de 2024, cuestionadas por su carácter fraudulento, lo que llevó a Biden a reconocer al candidato opositor como ganador.

Si Trump adoptara el enfoque de cohabitación pragmática hacia Venezuela, serían necesarios esfuerzos adicionales para promover el diálogo entre los dos países. Dada su admiración por líderes fuertes, como lo ha expresado respecto a Putin, no sería descabellado pensar que podría acercarse a Maduro. Este tipo de diálogos se centrarían probablemente en la reducción de la migración desde Venezuela, a cambio de negociaciones sobre el sector petrolero.

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La reanudación de un diálogo entre ambos países podría conducir al alivio de las sanciones, permitiendo la recuperación del sector petrolero. Como consecuencia, el gobierno venezolano dependería menos del mercado negro para comercializar su crudo. Además, la eliminación de sanciones que afectan a entidades y personas vinculadas al comercio con Venezuela podría abrir la puerta a más inversiones extranjeras, facilitando mejoras en la infraestructura petrolera e incrementando los ingresos estatales. El sector privado, severamente afectado por las sanciones que dificultaron el comercio internacional y disuadieron la inversión extranjera, también se vería beneficiado. La ausencia de restricciones ayudaría a la economía venezolana en general, aumentando los ingresos de la población al generar más empleo legal, lo que podría atenuar la dependencia a economías ilícitas.

A la par, la recuperación económica impactaría también en la trata de personas. Con menos venezolanos obligados a emigrar por necesidad, se reduciría la vulnerabilidad frente a redes como el Tren de Aragua, debilitando a esta organización transnacional.

Incluso en una situación de cohabitación pragmática, las economías criminales continuarían operando en Venezuela. Por una parte, funcionarios gubernamentales y de seguridad corruptos del gobierno de Maduro no tendrían incentivos para abandonar las rentas ilegales que los enriquecen bajo el ambiente de impunidad que el Estado ha garantizado para perpetuarse en el poder. Además, la presencia de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y sus cercanas relaciones con actores del Estado, asegura que las actividades criminales continuarían afectando la seguridad del país y la región.

Imagen principal: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Miami en 2024. Crédito: T.J. Kirkpatrick para The New York Times