Consumido por una violencia jamás vista en el país por obra y gracia del narcotráfico, Ecuador sigue los pasos autocráticos de El Salvador de Nayib Bukele tras el holgado triunfo electoral de Daniel Noboa, el joven presidente ultraderechista nacido en Miami que ha militarizado el país con la excusa de librar una “guerra interna” contra el crimen organizado. La candidata progresista Luisa González, que partía con perspectivas de victoria en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, ha denunciado fraude y ha exigido el recuento de los votos.

Al frente de la derechista Acción Democrática Nacional (ADN), Noboa, de 37 años, ha obtenido un 56% de los votos frente al 44% de la candidata de la Revolución Ciudadana, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 95% de los sufragios escrutados. En la primera vuelta electoral, celebrada en febrero, Noboa y González quedaron empatados con un 44% de los votos. Aunque la participación ha aumentado tres puntos en la segunda vuelta, resulta llamativo que la oposición obtenga el mismo resultado pese al acuerdo alcanzado a finales de marzo con el movimiento indígena, que en la primera vuelta cosechó un 5% de los votos. Desde su exilio en Bélgica, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador de Revolución Ciudadana, se ha sumado a las denuncias de fraude electoral.

Noboa se impuso en la primera vuelta por tan sólo 16.000 votos de diferencia con González. El tercero en discordia entonces fue Leónidas Iza, del Movimiento Pachakutik, con el 5,25%. Iza, un dirigente enfrentado históricamente al correísmo, dejó claro desde el primer momento que sus votos no podrían ir en ningún caso a avalar al Gobierno ultraderechista de Noboa. A finales de marzo se concretó un acuerdo programático de 25 puntos entre Revolución Ciudadana, Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Mientras González firmaba el Acuerdo por la Vida con el movimiento indígena, Noboa se dejaba ver en Miami con Donald Trump. Preocupado por el rumbo de las encuestas en el tramo final de la campaña electoral, el mandatario desplegó una amplia campaña mediática para tratar de desprestigiar a González, acusándole de estar dispuesta a desdolarizar la economía ecuatoriana.

La familia más rica de Ecuador

Daniel Noboa ganó las elecciones hace dos años por descarte. Hijo del hombre más rico del país –el magnate Álvaro Noboa–, el joven diputado no figuraba entre los principales aspirantes a la presidencia. Fue un hecho trágico, el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, a manos presumiblemente del narcotráfico, lo que distorsionó una campaña electoral marcada por la violencia. Contra todo pronóstico, Noboa se coló en la segunda vuelta y, con el apoyo de todo el arco conservador y la gran patronal, derrotó a Luisa González y alcanzó la presidencia para completar el mandato de otro dirigente derechista, Guillermo Lasso, quien renunció antes de tiempo acosado por graves denuncias de corrupción. En este año y medio, Noboa ha sido incapaz de frenar la violencia que atenaza al país desde que los cárteles mexicanos y colombianos aterrizaron en Ecuador por su privilegiada ubicación geográfica y la falta de control de los gobiernos neoliberales poscorreístas (Lenín Moreno y Lasso) sobre el blanqueo de capitales.

En el tramo final de la campaña, el mandatario se sacó de la manga un acuerdo con Blackwater, un grupo de mercenarios denunciado internacionalmente por sus abusos y contratado por Noboa para ganar su “guerra interna” contra el narcotráfico en el marco del denominado Plan Fénix, la estrategia de seguridad aprobada por su Gobierno. El líder de esa banda de corsarios, Erik Prince, hizo campaña a través de medios institucionales (algo prohibido en Ecuador) pidiendo el voto para Noboa y advirtiendo que Ecuador se jugaba en las elecciones convertirse en una nueva Venezuela o apostar por la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto de militarización, Noboa se encontró con un inesperado “cisne negro”, el caso de “los cuatro de Malvinas”. Cuatro jóvenes afroecuatorianos del barrio de Las Malvinas, en Guayaquil, fueron asesinados en diciembre. Habían ido a jugar un partido de fútbol y fueron interceptados por las fuerzas de seguridad. Sus cuerpos aparecieron más tarde cerca de un campo militar, acribillados y con signos de tortura. Aunque el Gobierno culpó del crimen a bandas del narcotráfico, las evidencias apuntan a las fuerzas de seguridad del Estado. El caso ha conmocionado a una sociedad que vive desde hace tiempo con miedo a salir a la calle, tanto por la violencia de las pandillas como de la Policía y el Ejército. Un cambio constitucional aprobado por una amplia mayoría en referéndum durante el mandato de Noboa otorga a los militares la potestad de apoyar a la policía en tareas de seguridad interna. Ecuador es el país más violento de América Latina, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024.

Militarización y corrupción

A la militarización del país se ha unido la corrupción gubernamental. La familia Noboa se habría beneficiado de suculentos contratos públicos, según denuncias de la prensa independiente ecuatoriana. Y una de las empresas del clan, la bananera Noboa Trading, aparece incluso relacionada con un caso de tráfico de cocaína. El periodista que denunció esa conexión, Andrés Durán, se ha visto obligado a exiliarse en Colombia tras recibir amenazas. “Este es el primer caso documentado en la historia del Ecuador en el que estaría involucrada una familia presidencial con el tráfico de cocaína”, declaró Durán a la revista Raya.

Otro escándalo que sacudió el último tramo de la campaña fue la revelación hecha por Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado hace dos años en plena campaña. Sarauz acusó a la fiscal general, Diana Salazar, de haberla presionado entonces para que acusara al correísmo de estar detrás del atentado, al asegurarle que disponía del testimonio de un testigo protegido. Esa acusación fue decisiva para que Noboa derrotara en segunda vuelta a Luisa González: “Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador”. La viuda de Villavicencio denunció una complicidad “perversa” entre Noboa y la fiscal general del Estado para encubrir a los asesinos de su esposo.

Tras la reelección de Noboa se abre un horizonte de incertidumbre en Ecuador. El correísmo y el movimiento indígena suman un escaño más que el oficialismo en el Congreso. Pero Noboa ha dado muestras ya de su falta de respeto hacia la institucionalidad del poder legislativo. La impunidad de la familia presidencial y el régimen de represión impuesto por el mandatario son señales inequívocas de que el país se encamina hacia una suerte de autocracia similar a la de El Salvador, donde Bukele ha pisoteado los derechos humanos de miles de ciudadanos amparándose en la lucha contra el narcotráfico. En ese tránsito antidemocrático, El Salvador y Ecuador han logrado instalar la trampa de la seguridad a cualquier coste y se configuran como los dos principales polos autocráticos en América Latina.