El Gobierno argentino denunció este jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI) la situación que atraviesa el gendarme Nahuel Gallo, detenido por las autoridades de Venezuela el 8 de diciembre pasado cuando intentaba ingresar a ese país desde Colombia para visitar a su esposa y su hijo.

“La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso”, informó Cancillería en un comunicado.

La detención de Gallo, aseguró Cancillería, “constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

El Gobierno argentino, concluyó el comunicado, “continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional“.

Gallo, procesado en Venezuela

La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la Justicia venezolana procesó al gendarme argentino por intento de “desestabilización” y “vinculación a acciones terroristas”.

“Habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes según lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público informa que el Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental“, señaló William Saab.

Según el fiscal venezolano, el gendarme argentino estaría vinculado a “un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas“.

Una relación tensa

El procesamiento de Gallo se enmarca en la escalada de acusaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Javier Milei. En julio pasado, Venezuela rompió relaciones diplomáticas luego de que la gestión libertaria no reconociera el resultado de las elecciones. En septiembre, el país caribeño revocó la autorización otorgada a Brasil para representar los intereses de la Argentina en su territorio, medida que generó inquietud sobre la seguridad de seis opositores asilados en la embajada argentina en Caracas, que según Venezuela se utilizó para planear actividades terroristas contra su administración.

El 23 de noviembre la Cancillería denunció “actos de hostigamiento e intimidación” en esa sede diplomática y exigió “los salvoconductos necesarios” para garantizar la salida segura de los opositores. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones, calificó a Milei de “fascista” y sugirió que el país debería saldar una supuesta deuda por servicios eléctricos impagos. El 5 de diciembre el gobierno de Maduro calificó las denuncias de la Argentina como “una farsa” y la Fiscalía venezolana anunció que procesaba órdenes de detención contra Milei y otros funcionarios por delitos como robo agravado y asociación para delinquir, por su implicación en la retención y entrega a Estados Unidos de un avión venezolano. El 8 de diciembre se produjo la detención del gendarme Gallo, cuando intentaba ingresar desde Colombia.