Guantánamo, sinónimo del horror | EL PAÍS US


El nombre de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba, suele generar escalofríos. Su penitenciaría, que aún permanece abierta, es sinónimo de los excesos más siniestros, de las torturas y de los abusos de la guerra de EE UU contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero la base acoge también un centro, mucho menos conocido, para retener a migrantes interceptados en el mar —la mayoría procedentes de Cuba o Haití—, en condiciones también muy criticadas por las organizaciones humanitarias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles un memorándum por el que ordena al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional ampliar las instalaciones de ese “Centro Operativo para Migrantes” -el nombre oficial de esas instalaciones-, que alojará hasta a 30.000 personas, aquellos extranjeros en suelo estadounidense sin permiso que Washington no pueda deportar a sus países de origen.

Trump ya había coqueteado con la idea de enviar inmigrantes irregulares a la base de Guantánamo, un enclave que EE UU alquila a Cuba -aunque La Habana devuelve sistemáticamente los pagos- desde hace más de un siglo y donde viven cerca de 6.000 personas entre militares y civiles en el este de Cuba, durante su primer mandato. Ahora quiere hacerlo realidad.

El lugar, desde el punto de vista de Trump y su equipo, que quieren sellar la frontera sur con México y consideran que la solución ideal a la migración irregular es una operación de deportaciones masivas, tiene la ventaja de estar en una base militar en el extranjero, al margen del sistema migratorio estadounidense. Permitiría, según adelantaba Trump en sus declaraciones este miércoles, casi doblar el número de plazas en centros de detención de que dispone el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE) estadounidense para confinar a los inmigrantes irregulares aprehendidos, unas 41.000 camas. Y estarían lejos, en un lugar aislado, que infunde miedo por sus siniestras connotaciones y del que, según puntualizaba Trump, es “difícil escapar”.

Un informe de la ONG Proyecto Internacional para la Asistencia a los Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) describe las instalaciones de ese centro, que entre 2020 y 2023 albergó a 36 inmigrantes, la mayoría cubanos y haitianos, como un lugar que no tiene mucho que envidiar al penal vecino, y que opera fuera del sistema migratorio estadounidense.

Los inmigrantes retenidos allí permanecen “detenidos de manera indefinida en condiciones similares a las de una prisión, sin acceso al mundo exterior y atrapados en un sistema punitivo”. Ese sistema está operado por los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, la Organización Internacional para la Migración y contratistas privados, “con poca o ninguna transparencia o rendición de cuentas”.

En un informe publicado el año pasado sobre el centro, IRAP denuncia que, según los ocupantes del centro, los edificios están plagados de moho y problemas con las cañerías. Las familias con niños pequeños se alojan junto a adultos solteros. “Se les deniegan llamadas telefónicas confidenciales, aunque sea para hablar con sus abogados, y se les castiga si se atreven a compartir relatos sobre malos tratos”. Además, se les confina en sus habitaciones durante semanas enteras, y no hay servicios educativos ni tratamiento psiquiátrico especializado para los menores traumatizados que se encuentran allí retenidos.

Estos refugiados permanecen allí hasta que un tercer país acepta acogerlos, en un proceso que puede tardar años a menos que opten por regresar a su país de origen, denuncia la ONG.

El centro se encuentra en una zona diferente del penal que aún hoy, y pese a los intentos de los Gobiernos demócratas de Barack Obama y Joe Biden por clausurarlo, permanece abierto. Quince reclusos, algunos autores de varios de los peores atentados de finales del siglo XX y principios del XXI, permanecen aún en sus celdas, envejecidos, con problemas de salud física y mental causados por su edad, el largo confinamiento y el trauma de las torturas, según denuncian sus abogados.

De ellos, solo dos han sido juzgados y condenados. Tres esperan que algún tercer país les acoja. Siete se encuentran en proceso de juicio a manos de las comisiones militares, los tribunales castrenses creados especialmente para los casos de Guantánamo. Otros tres, cuyos casos se encuentran sometidos a revisiones periódicas, están apodados “los prisioneros eternos”: Estados Unidos no quiere llevarlos a juicio, pero tampoco liberarlos.

Hasta 779 varones musulmanes llegaron a ser capturados y trasladados en secreto, encapuchados y esposados, a esta cárcel en la base de Guantánamo. El entonces presidente George W. Bush ordenó crearla como reacción a los atentados del 11 de septiembre en 2001, para alojar a terroristas “combatientes enemigos” sin la obligación de ofrecerles las garantías a las que tendrían derecho como prisioneros en suelo estadounidense.

La inmensa mayoría de los internos no tenía nada que ver con aquellos ataques, la red Al Qaeda o el terrorismo islámico. Muchos fueron vendidos por un puñado de dólares a la CIA. Cada uno, según un informe de la Relatoría especial de la ONU para los derechos humanos,”vivió o vive sus propias experiencias indelebles de trauma psicológico y físico tras soportar profundos abusos de sus derechos humanos”.



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