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En el complejo escenario que vive Venezuela, marcado por un asedio económico y político sin precedentes, la aprobación de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal representa una poderosa herramienta de resistencia y transformación social. Este marco legal no solo refuerza el protagonismo del Poder Popular, sino que materializa la visión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobre la justicia como pilar fundamental para construir el socialismo bolivariano y consolidar nuestra soberanía frente a las pretensiones imperialistas.
Desde su llegada al poder, Chávez promovió la democracia participativa como la vía para empoderar al pueblo. En palabras del líder eterno: “El Poder Popular no es un simple concepto, es la esencia de la revolución. Sin comunas no hay socialismo, y sin socialismo no hay patria”. Esta ley, que establece la elección de jueces y juezas de paz comunal por votación popular, materializa esta filosofía al otorgar a las comunidades el poder de gestionar sus conflictos y construir su propio orden social. Este proceso fortalece el Estado Comunal, uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria 2030, donde la organización popular es la base del sistema de gobierno.
La ley también responde a la coyuntura actual. Las sanciones económicas y el bloqueo han afectado profundamente las instituciones tradicionales, y en este contexto, la Justicia de Paz Comunal emerge como una solución para garantizar acceso rápido, gratuito y equitativo a la justicia. Nicolás Maduro lo expresó con claridad: “El imperialismo busca desarticularnos, pero cada agresión es una oportunidad para fortalecernos desde las bases. La justicia comunal es un golpe certero al bloqueo y una victoria del pueblo organizado”.
Al establecer mecanismos como la conciliación, mediación y arbitraje, la ley crea una justicia que no depende de los formalismos del sistema tradicional, sino que prioriza la convivencia solidaria y el diálogo. Este enfoque no solo alivia la carga sobre los tribunales ordinarios, sino que también fortalece la cohesión social, elemento esencial para resistir las agresiones externas. Chávez subrayó en múltiples ocasiones que la justicia debía ser un motor de paz y solidaridad, afirmando: “La justicia es mucho más que leyes; es un acto profundamente humano que construye relaciones sociales justas y armoniosas”.
El horizonte que vislumbra esta ley es profundamente transformador. Con la elección de los jueces y juezas de paz, el Poder Popular asume un papel central en la administración de justicia, consolidando la soberanía y autonomía comunitaria frente a los intentos del imperialismo norteamericano de subvertir el orden democrático en nuestro país. Esta elección no es un simple acto electoral, sino una declaración de resistencia y un paso firme hacia la consolidación del socialismo bolivariano.
Además, la ley fortalece la educación y la formación comunitaria, exigiendo programas que promuevan valores como el deber social, la justicia y los derechos humanos. Estos procesos formativos son esenciales para garantizar que los operadores de justicia y las comunidades actúen con ética y compromiso revolucionario. En palabras de Maduro: “Educar al pueblo no solo es un acto de emancipación, es la base para construir la patria soberana y solidaria que soñamos”.
En definitiva, la Justicia de Paz Comunal no solo refuerza la capacidad organizativa del pueblo venezolano, sino que demuestra que, incluso en condiciones adversas, la Revolución Bolivariana sigue avanzando en la construcción de un modelo de sociedad justo y soberano. Este instrumento legal es una respuesta contundente al asedio imperialista y una muestra de que, como lo afirmó Chávez, “la fuerza del pueblo organizado es invencible”. Hoy más que nunca, la participación activa en la elección de jueces y juezas de paz comunal es una tarea histórica para defender nuestra democracia, consolidar nuestra soberanía y construir la paz desde las bases.
