La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una condena rotunda este viernes sobre la detención arbitraria de Nahuel Gallo, un gendarme argentino que se encuentra secuestrado en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó la acción del régimen de Nicolás Maduro como un “crimen de lesa humanidad” y destacó que la detención de Gallo es una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales, enmarcada dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En su comunicado, Almagro afirmó que la detención de Gallo es una violación directa de tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya que el gendarme argentino ha sido incomunicado y privado de asistencia consular y legal. “Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”, expresó el secretario general de la OEA, quien exigió la liberación inmediata de Gallo y el cumplimiento de las normativas internacionales por parte de Venezuela.

La condena se produce luego de que el gobierno argentino, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara la situación y cuestionara la difusión reciente de un video del gendarme detenido. Bullrich calificó de “pantomima” la difusión de las imágenes y aseguró que Argentina no aceptará “ningún juego de una aparición de una foto en un lugar desconocido, sin sonido y sin fecha”. La ministra reiteró que la única demanda del gobierno argentino es que Nahuel Gallo sea liberado y enviado de inmediato a su país.

El caso generó un fuerte rechazo en la comunidad internacional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha adoptado medidas cautelares en favor de Gallo, tras la falta de información oficial sobre su paradero. Gallo, quien ingresó a Venezuela de manera legal para visitar a su pareja, fue arrestado por las autoridades venezolanas tras una revisión de sus documentos, y desde entonces permanece incomunicado y sin acceso a la asistencia legal correspondiente. Ante este panorama, el gobierno argentino ha solicitado la intervención de organismos internacionales para garantizar su liberación y el respeto de sus derechos humanos.