El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia y la República (FADD) presentó una ampliación de su denuncia contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la causa que dictó la captura internacional del dictador y de su mano derecha, Diosdado Cabello, por violaciones de derechos humanos.

En el nuevo escrito, la FADD sumó a su acusación inicial la situación que atraviesan los cinco dirigentes opositores venezolanos que permanecen refugiados en la embajada argentina en Caracas, desde el 20 de marzo. El planteo advierte que el régimen chavista está violando tratados internacionales que protegen el asilo político.

La presentación fue realizada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del FADD, en respuesta a lo que describen como un asedio constante contra Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, quienes forman parte del equipo de la dirigente opositora María Corina Machado.

El texto denuncia también el caso de Fernando Martínez Mottola, sexto refugiado en la Embajada, quien dejó el lugar el pasado 20 de diciembre para cumplir presuntamente prisión domiciliaria, en condiciones aún no esclarecidas.

En su ampliación ante el fiscal Carlos Stornelli, el FADD resalta que el gobierno venezolano se niega a otorgar salvoconductos para que los asilados puedan abandonar la embajada rumbo a Argentina, lo que infringe la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“El régimen ha rodeado la embajada, violado el espacio aéreo con drones, cortado los servicios básicos de agua y luz, y bloqueado el acceso de empleados, impidiendo incluso la entrega de alimentos y agua potable a los asilados. Más recientemente, se han instalado francotiradores en los alrededores del inmueble, amenazando directamente la vida de los refugiados”, detalla el documento presentado.

“Negar el asilo político, y su consecuente salvoconducto, a personas que se encuentran refugiadas en la embajada Argentina –país que ya les otorgó ese status- constituye una violación flagrante al derecho internacional”, indica el texto impulsado por la ONG, que presiden el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y la ex embajadora venezolana Elisa Trotta Gamus.

La denuncia original, que se presentó en 2023 con base en el principio de justicia universal, ya acusaba a Nicolás Maduro de cometer delitos de lesa humanidad. La acusación incluía informes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Foro Penal y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Estas investigaciones documentan crímenes como “persecuciones, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, que el FADD describe como “actos de terrorismo de Estado”.

En septiembre, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la indagatoria y captura de Maduro y de Diosdado Cabello, entre otros funcionarios del gobierno, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país.

Aquella decisión fue resuelta por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra el régimen caribeño, luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle los tormentos.

En este marco, el caso de los dirigentes opositores asilados volvió a poner el foco en la situación humanitaria y política de Venezuela, mientras Brasil y organismos como la OEA han expresado su preocupación. La OEA recientemente denunció la presencia de un francotirador chavista en las inmediaciones de la embajada, lo que agravó la situación de tensión.

Las implicaciones de la denuncia buscan ampliar la presión sobre Venezuela en el plano diplomático y humanitario, con el fin de evidenciar posibles incumplimientos del derecho internacional.

En lo concreto, la orden de detención contra Nicolás Maduro y sus funcionarios solo sería aplicable en caso de que el mandatario viaje a un tercer país que forme parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), por el acuerdo de cooperación entre la Fiscalía del alto tribunal y la Interpol, suscrito en diciembre de 2004.