Estados Unidos ha endurecido sus políticas migratorias bajo el contexto de un estado de emergencia declarado en la frontera con México. En su más reciente discurso de toma de mando, el mandatario republicano señaló que estas medidas buscan agilizar la deportación de migrantes en situación irregular, incluidos los peruanos, como parte de las prioridades del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Las nuevas disposiciones permiten la expulsión inmediata de personas que ingresaron al país sin pasar por controles migratorios o que han cometido delitos relacionados con la seguridad pública. Según información oficial, aquellos que no se sometieron a un control al entrar al país pueden ser deportados mediante órdenes de expulsión aceleradas, evitando incluso el paso por cortes migratorias.

Según detalló la agencia Andina, el proceso generalmente comienza con la detención por parte de la policía local o federal, que luego transfiere a los migrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Durante este tiempo, los detenidos pueden permanecer en centros de detención hasta que su caso sea resuelto. En algunos casos, los migrantes pueden ser liberados previo pago de una fianza, aunque esto no garantiza la suspensión del proceso de deportación.

Las personas en proceso de deportación tienen opciones legales limitadas para evitar su expulsión. Según abogados expertos en inmigración, los migrantes pueden apelar las órdenes de deportación ante la Junta de Inmigración o, en ciertos casos, ante la Corte Suprema. Sin embargo, estos procesos suelen ser largos y, mientras se resuelven, los acusados permanecen detenidos, incluso si son elegibles para pagar una fianza.

Por otro lado, los migrantes que cumplen ciertos criterios pueden solicitar asilo, ajustes de estatus o la cancelación de la remoción. Aquellos que opten por una salida voluntaria pueden evitar una orden de deportación formal, pero deben cumplir estrictos requisitos para ser considerados elegibles.

En cuanto al método de deportación, la mayoría de los expulsados son transportados por avión, con los costos asumidos por el gobierno estadounidense. En casos específicos, como los de ciudadanos mexicanos, las deportaciones suelen realizarse por tierra hacia las fronteras más cercanas.

Las implicaciones de estas políticas para los países de origen son inciertas. Aún se desconoce cómo responderán naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua a la recepción de sus migrantes, y bajo qué condiciones se llevarán a cabo estas repatriaciones en el resto de América Latina.

Entre otras políticas migratorias propuestas por Trump, figura la eliminación de la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, un principio legal conocido como Ius soli, que otorga la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense. Este derecho tiene raíces en la interpretación constitucional vigente desde hace más de un siglo. En contraste, en países como Perú, también existe la concesión de ciudadanía por Ius sanguinis, que permite obtener la identidad peruana por vía de ascendencia, independientemente del lugar de nacimiento.

El internacionalista Francisco Belaunde señaló que, hasta el momento, 18 estados estadounidenses han interpuesto acciones legales en contra de la propuesta de eliminar el Ius soli. Según Belaunde, dicha medida enfrentará un análisis profundo por parte de los tribunales, quienes podrían exigir la aprobación de una nueva ley para modificar o revertir este derecho constitucional, dado que no sería suficiente un decreto ejecutivo.