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El abogado y víctima de atropello Marcos Jurado-Blanco denunció que el pasado 7 de enero un grupo de hombres irrumpió en la noche de manera irregular en su vivienda, la que ocupa desde hace años en la urbanización Los Chorros. Según su testimonio, los individuos llegaron acompañados de un cerrajero y procedieron a abrir la puerta principal sin identificarse ni presentar credenciales, a pesar de portar armas de fuego y no estar uniformados, una actuación que estuvo llena de irregularidades.
Jurado-Blanco aseguró que, de acuerdo con lo manifestado por los intrusos, el desalojo fue ordenado por Diosdado Cabello, y que él y sus acompañantes fueron amenazados con ser detenidos si no abandonaban la residencia de forma inmediata. El abogado relató que, incluso, le indicaron acudir al Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso, hermana de Elvis Amoroso, donde —señalaron— se dictó la orden de embargo.
La vivienda no es de C.A. Editora El Nacional, allí vivía Marcos Jurado-Blanco
Al presentarse en dicha instancia, afirmó que no se le permitió ver el expediente completo, exhibiendo únicamente la portada con el número de causa, en la que figuraría la demanda de Diosdado Cabello Rondón contra C.A. Editora El Nacional. Ante esta situación, Jurado-Blanco indicó que consignó un escrito aclaratorio en el que enfatiza que la vivienda desalojada “no pertenece a Miguel Henrique Otero ni al diario El Nacional”, y subraya que ambas partes “jamás han tenido participación accionaria alguna en el inmueble”. El abogado destaca que la propiedad está debidamente registrada a su nombre de su empresa y consta en el Registro Nacional.
Asimismo precisó que no existe ningún fundamento jurídico para vincularlo o condenarlo por el hecho de ser hermano de Antonieta Jurado-Blanco y cuñado de Miguel Henrique Otero, y lamenta que “pareciera que en este país se han desatado todos los demonios” el incremento de arbitrariedades y la preocupante detención de numerosas personas. “Veo cómo las instituciones encargadas de garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales atraviesan una crisis, permitiendo acciones al margen de la ley, amenazas y procedimientos irregulares proliferen sin un control efectivo”.
Jurado-Blanco calificó de “arbitraria y violenta” la medida de desalojo ejecutada por el Tribunal 17, haciendo hincapié en la gravedad de expulsar de su hogar a una persona de la tercera edad y con quebrantos de salud, lo cual, asegura, atenta contra los principios de protección a los grupos más vulnerables.
El abogado señala que el Tribunal Tercero le informó que “no habría despacho desde hoy y hasta el martes” y que no podían autorizarlo a entrar en su propia vivienda para buscar sus pertenencias, instándole a acudir ante el juez Carlos Alberto Castillo, presidente del Circuito Judicial de Municipio Civil del Área Metropolitana de Caracas, sede Los Cortijos, al que señala como el responsable de ejecutar “tan ilegal procedimiento” de noche.
Ante esta negativa de acceso, Jurado-Blanco expresó su preocupación por la imposibilidad de recuperar sus bienes personales y exigió que se respete su derecho a la defensa, así como la integridad de sus pertenencias.
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