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El crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue generando dudas. Ahora, no solo por el grado de participación que podrían haber tenido autoridades venezolanas, como se planteó en su minuto, sino que también respecto de la injerencia de representantes del gobierno de Chile.
Y es que por medio de una presentación formal ante el Ministerio Público, el abogado que representa a la viuda del fallecido exmilitar, Juan Carlos Manríquez, pidió despejar una serie de asuntos vinculados al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, actualmente en prisión preventiva y formalizado por violación y abuso sexual.
“Para avanzar en la profundización de algunas líneas de investigación en la causa, siendo pertinentes y útiles para esclarecer circunstancias que han rodeado el hecho criminoso indagado, y atingentes al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, pido ordenar se dispongan las siguientes diligencias”, se lee en el documento de tres carillas que ingresó el profesional.
Consultado respecto de la nueva solicitud de diligencias, el abogado indicó a La Tercera que “no se puede dejar ninguna línea de esta causa sin profundizar ni hechos por aclarar. Hay circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a su secuestro y ejecución, que la familia exige sean aclaradas, y tienen derecho a pedirlo en su condición de víctimas”.
“El Ministerio Público ha hecho un muy buen trabajo y en su labor objetiva debe también profundizar en aquellas nuevas preguntas que se están haciendo para definir las cuestiones pendientes pero que son centrales. Seguramente esto va a permitir esclarecer íntegramente lo ocurrido”, complementó.
En el primer punto, el abogado hace presente que, para la identificación exacta de las tres personas que ingresaron al domicilio de Ojeda simulando ser efectivos de la Policía de Investigaciones, sería importante concretar dos acciones.
- Que se informe en qué estado se encuentra el análisis de la tercera huella hallada en el ascensor, que según la familia de la víctima podría pertenecer al oficial de Ejército de Venezuela Alexander Granko Arteaga.
- Que se insista en la cooperación internacional con los bancos de datos del FBI, la DEA, el Departamento de Justicia y la NSA de Estados Unidos de América; e Interpol y EUROPOL a nivel global, y con las autoridades de Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú, Brasil y Bolivia, donde pudiera haber intervenido dicha persona en otras acciones similares.
Junto con ello, piden obtener antecedentes que la Fiscalía Centro Norte, en particular el fiscal Francisco Jacir, han reunido al analizar gastos reservados que fueron utilizados por Monsalve en el tiempo en que se desempeñó como subsecretario.
Solicitó, de esta forma, que “se informe el estado en que se encuentra la investigación de los gastos reservados del Sr. Monsalve, en aquella parte en que según la prensa habría rendido aproximadamente $8.000.000 traspasados en efectivo a la familia del Sr. Ojeda, lo que esta niega”.
También, respecto de Monsalve, el querellante insta al Ministerio Público a que se pesquise el viaje que este realizó con miras a suscribir un acuerdo de cooperación con autoridades venezolanas.
Piden que se oficie a los ministerios del Interior y al de Relaciones Exteriores “para que se agreguen a la causa los antecedentes completos que sirvieron para la elaboración de borradores, textos finales, firmados por Chile y sus anexos digitales o en cualquier formato, del convenio de colaboración con Venezuela sobre antecedentes penales y otros datos de venezolanos en Chile, y se confirme o descarte que entre estos datos no se entregó ninguno que hubiera servido para detectar al Sr. Ojeda y su familia, o hubiera vulnerado el secreto legal del refugio”.
Y también a objeto de que “si se dijera que Chile cumplió las obligaciones inherentes al refugio, que se adjunte a la respuesta el sumario o investigación administrativa llevada a cabo en la Subsecretaría del Interior que servía el Sr. Manuel Monsalve Benavides a la época del Convenio, y cómo se detectaron o se desecharon brechas o fugas de información con datos serios y comprobables”.
Por medio de la misma acción, Manríquez incluyó un cuarto ítem, donde incluso solicitó se le tome declaración al exsubsecretario.
La idea, como plantea el abogado, es que declare sobre toda la información que conoce acerca de los puntos antes mencionados, y “si supo o fue alertado cuándo, cómo y por quién, que había la vigilancia de terceros sobre el señor Ojeda y/o sobre la presencia en el país de eventuales agentes estatales extranjeros tras de él, que estaban haciendo vigilancia o seguimientos de él y su familia bajo refugio, y en la afirmativa, cuáles labores de contrainteligencia coordinó o dispuso y con quién, de acuerdo a la Ley de Inteligencia, y cuál fue su resultado”.
Además, para que “ponga en conocimiento de la Fiscalía los antecedentes por los cuales el Estado de Chile pudo detectar acciones ilícitas de espionaje, inteligencia o planificación del asesinato del señor Ojeda en Chile, y del ingreso ilegal, incluso con nombre fingido, de Alexander Granko Arteaga, Diosdado Cabello, familiares de estos, y/o de ex pasantes oficiales venezolanos que estuvieron años antes en Chile en cursos en formación en las academias militares y/o policiales de Chile”.
