CARACAS.- Uno de los seis opositores venezolanos que han estado refugiados durante nueve meses en el complejo diplomático argentino en Caracas abandonó la sede diplomática el jueves para ponerse a orden de las autoridades, que le otorgaron libertad condicional, informó a la AFP una fuente judicial.

Fernando Martínez Mottola era asesor de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), que denuncia fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro y reivindica la victoria de su candidato Edmundo González en los comicios de este año. Estaba refugiado en la residencia argentina en Caracas desde el 21 de marzo junto a otros cinco colaboradores cercanos de la líder opositora María Corina Machado, todos acusados de conspirar contra el gobierno de Maduro.

Martínez Mottola, de bajo perfil, “fue de manera voluntaria a la Fiscalía”, dijo la fuente judicial, que pidió anonimato y confirmó que el opositor está en su casa bajo régimen de presentación. “Reveló situaciones de presión que vivió dentro de la embajada por parte de los otros opositores”, añadió.

Una fuente de la oposición, también bajo reserva, negó a la AFP que existieran tales presiones.

No está claro por el momento bajo qué condiciones dejó el complejo.

El canal NTN24 señaló que su salida fue fruto de una “larga negociación internacional” y que el opositor se encuentra ya en su casa, aunque sin precisar si está en libertad plena o vigilada.

Martínez Mottola estuvo involucrado en un gobierno paralelo que la oposición creó bajo el liderazgo de Juan Guaidó después de la reelección de Maduro en 2018 y participó en negociaciones entre la oposición y el gobierno. Fue ministro de comunicaciones y transporte en la década de 1990, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. De los seis asilados, era el único que no pertenece a Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

Desde finales de noviembre, el grupo denuncia la presencia constante de agentes del servicio de inteligencia venezolano y de policías afuera del recinto. También acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de cortar los servicios de electricidad y agua. El gobierno chavista refuta las acusaciones.

Con Martínez Mottola fuera de la residencia, quedan asilados asilados Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela; el exdiputado Omar González; el coordinador electoral Humberto Villalobos; y Claudia Macero, al frente de la comunicación de Vente Venezuela.

El gobierno de Javier Milei les permitió a los seis dirigentes opositores entrar en el complejo en marzo después de que las autoridades leales al partido gobernante emitieran órdenes de arresto en su contra, acusándolos de promover supuestos actos de violencia para desestabilizar el país.

La embajada se encuentra desde agosto sin personal diplomático, tras la ruptura de relaciones como respuesta a los cuestionamientos del gobierno argentino a la reelección de Maduro. La sede estaba siendo custodiada por Brasil por pedido de Argentina, pero en septiembre Venezuela revocó el permiso. No obstante, el gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo aliado de Maduro, insiste en que mantiene esta tarea.

Las tensiones entre Caracas y Buenos Aires escalaron aún más en la última semana luego de la detención de un gendarme argentino que llegó de visita al país caribeño y de un empleado de la embajada. Según el gobierno de Maduro, el gendarme había llegado con el plan de sacar a los refugiados de la embajada, mientras otros países median para lograr un salvoconducto para los dirigentes.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reveló esta semana que para permitir que los opositores salgan con seguridad de la embajada, el chavismo exige que “la Argentina liberara una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a [el exvicepresidente ecuatoriano] Jorge Glas en Ecuador”. La persona a liberar en la Argentina sería Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru condenada en 2019 a trece años de prisión por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado

Agencias AFP, AP y diario El Nacional