CARACAS.– El yerno de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, está sometido a proceso penal por un tribunal de Terrorismo, donde fue presentado por la fiscalía, afín al régimen de Maduro, y le imputó como cómplice de cinco delitos, sin derecho a ser defendido.

Estos delitos están relacionados con las actas electorales que publicó la oposición, de las elecciones de julio de 2024, y por las cuales se persigue a González Urrutia, exiliado en Madrid, España, tras resultar el vencedor de los comicios.

La denuncia la hizo Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia y esposa de Rafael Tudares, este domingo, y afirma que en 47 días de “secuestro y desaparición forzada” siguen sin tener información concreta sobre su integridad física, personal y principalmente su estado de salud.

Lo único que sabe oficialmente, ante su insistencia a las autoridades, dice, es que Tudares fue trasladado a la cárcel de presos comunes Rodeo I, donde le aseguraron que no había sido trasladado a ese lugar.

“Cómplice” en caso de actas electorales

“Ese supuesto grado de complicidad que ahora se le pretende atribuir es solo una maniobra, artificio y fraude a la Constitución para evadir el principio según el cual la supuesta responsabilidad penal que se le pretende atribuir no se le puede extender a sus familiares. Es decir, no se puede tener de rehén a un familiar”, dijo González de Tudares en una carta que publicó en su cuenta de la red X.

Los delitos que el Ministerio Público imputó a González Urrutia y que ahora atribuye a Tudares, en grado de complicidad, son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y “sabotaje a daño de sistemas”.

González Urrutia y la líder María Corina Machado, luego de las elecciones, emprendieron una cruzada en defensa de las actas de escrutinio del proceso del 28 de julio y que obtenidas por equipos de la oposición, en una inédita acción, mientras que el CNE afín a Maduro proclamó a este sin haber publicado los documentos de votación.

Sin derecho a la defensa

González de Tudares, en su carta pública, afirma que en los últimos días pudo conocer directamente de las autoridades encargadas del caso, que a Rafael Tudares “se le habría realizado inconstitucional e ilegítimamente” una audencia de presentación, pero no pudo designar abogado de confianza, con lo que se le niega una “real y efectiva” defensa.

Tras enfatizar sobre la práctica usual de los jueces de Maduro de imponerle a los presos políticos defensores públicos que no atienden sus demandas, la esposa de Tudares considera que imputarle los mismos delitos que a su padre es “improcedente, perverso, injusto y no se corresponde con la verdad, porque Rafael en nada tuvo que ver con las actvidades políticas de mi padre y, en general, no incide ni participa en la poltíica”.

En otra parte de su carta, recuerda que su esposo fue “secuestrado por funcionarios del Estado fuertemente armados”, el 7 de enero, frente a los dos niños, “y lo más terrible, grave e inhumano es que sigue en desaparición forzada”, una practica que viola los derechos humanos consagrados en la Constitución.

FUENTE: Con información de redes Mariana González de Tudares