En unas elecciones donde no solamente está en juego el futuro democrático, sino también el ecosistema criminal de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha recurrido a una serie de herramientas ilegales y represivas para asegurar un tercer mandato consecutivo el próximo domingo.

“Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo”, dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado 17 de julio en un acto de campaña en Caracas, la capital venezolana.

Maduro tiene motivos para preocuparse. Casi el 60% de los electores tienen intención de votar por el candidato opositor Edmundo González Urrutia y sólo el 24,6% por Maduro, según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y la encuestadora Delphos. 

A medida que la popularidad de Maduro disminuye, el régimen ha recurrido a su modelo híbrido de gobernanza criminal. A lo largo de su tiempo en el poder, Maduro ha establecido alianzas con actores criminales y ha utilizado ganancias criminales para apuntalar su autoridad y garantizar la lealtad de figuras políticas y militares clave. 

VEA TAMBIÉN: El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela

El gobierno de Maduro no ha dudado en utilizar a sus aliados criminales cuando se ha visto amenazado en el pasado. En el periodo previo a las elecciones, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales (GANE) han cooperado para intimidar a los candidatos de la oposición y reprimir a sus partidarios. 

Estos grupos tienen sus propios motivos para asegurar una victoria de Maduro. El resultado de las elecciones del 28 de julio impacta no sólo al gobierno, sino a todos los grupos armados que se benefician de la impunidad y los privilegios que les proporciona su alianza con el Estado, por lo que están dispuestos a luchar para aferrarse a eso. 

Los grupos armados no estatales influyen en el comportamiento de los votantes

En una reciente visita a Tumeremo, un pueblo minero ubicado en el municipio de Sifontes, en el estado sureño de Bolívar, InSight Crime fue testigo de cómo cientos de personas vestidas con camisetas rojas, el color del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro, bajaban de autobuses. Acompañados por motociclistas vestidos del mismo color, el grupo se reunió en la plaza del pueblo para un acto de campaña en apoyo a Maduro.

Según fuentes locales que pidieron permanecer en anonimato por razones de seguridad, las personas de rojo eran de Las Claritas, una zona minera cercana a Tumeremo controlada por el Sindicato de Las Claritas. A principios de julio, el grupo criminal obligó a las empresas y minas a cerrar durante un día y presionó a los residentes para que asistieran al acto de campaña a favor del gobierno.

En el pasado, la banda supuestamente obligó a los residentes a salir a votar, incluso entrando en los colegios electorales para “ayudar” a la gente a depositar su voto, dijeron los residentes.

“Usted lo que tiene que hacer es entregar la cédula, poner su huella y ya. Usted no puede mencionar nada”, dijo uno de los residentes. “Y eso es lo que está pasando ahorita también”.

En las elecciones regionales de 2021, el miembro del PSUV y actual gobernador de Bolívar,  Ángel Marcano, obtuvo más del 80% de los votos en la parroquia San Isidro, epicentro del poder del Sindicato de Las Claritas.

En el estado de Táchira, fronterizo entre Venezuela y Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla colombiana activa en ambos países, también ha inclinado la balanza electoral a favor del régimen.

“En todos los municipios de la frontera, grupos armados al margen de la ley pasan en las mañanas y noches en sus camionetas, intimidando, cerca de donde nosotros estamos haciendo reportes de nuestros activismos”, le dijo a InSight Crime un líder social de la frontera que ha apoyado la candidatura de la oposición.

Además de realizar patrullajes e inspecciones en municipios como San Cristóbal, Junín, Rubio, Seboruco y Ureña, el ELN también ha sido acusado de distribuir panfletos por Táchira amenazando a líderes sociales y de pintar símbolos amenazantes en las casas de dirigentes opositores.

VEA TAMBIÉN: Venezuela 2024: Elecciones y consolidación criminal

La intromisión política de los GANE en Táchira y Bolívar forma parte de una tendencia nacional más amplia. Los colectivos armados –grupos paramilitares progubernamentales que defienden la agenda del gobierno– también han participado activamente en estas elecciones, y servirán como estrategia de respaldo si los resultados no favorecen al régimen.

Los «Colectivos»: civiles armados protegiendo las urnas

Durante un acto gubernamental celebrado en el estado de Monagas el 24 de febrero, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, anunció la incorporación de 1.416 hombres y mujeres a las filas de las Unidades Populares para la Paz (Uppaz).

“Desde Monagas le decimos a los apátridas: si ustedes se pasan de la raya, si ustedes intentan desestabilizar y conspirar los vamos a buscar, los vamos a encontrar”, expresó Cabello. “Nuestro Comandante decía que hasta para la paz se necesita ejército, y hoy siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro estamos organizando un ejército para la paz en toda Venezuela”.

Las Uppaz, anunciadas por Maduro en octubre de 2023, son la última versión de los colectivos, que durante años han operado como fuerzas de choque en manifestaciones populares y reprimido actividades de la oposición.

Otro grupo similar, las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz), se creó en 2019 para imponer el control estatal en respuesta a las protestas nacionales. Las Cupaz, que existen en 10 de los 23 estados de Venezuela, no solo ejercen el control social y político en sus territorios, sino que muchas facciones están implicadas en extorsiones, robos, secuestros y microtráfico.  

En Caracas, cuna de los colectivos en Venezuela, los medios de comunicación locales han informado sobre cómo los colectivos del barrio 23 de Enero han usado su control sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para coaccionar a los votantes. Según los vecinos, los colectivos amenazan con retirar las ayudas públicas a quienes voten por la oposición. 

Aunque hasta ahora no se ha informado de muchas acciones relacionadas con las elecciones por parte de las Uppaz, su número está creciendo. Además de los más de 1.400 reclutas en Monagas, el gobernador de Táchira anunció 1.200 nuevos miembros el 18 de julio. 

A medida que aumentan las filas de estos colectivos progubernamentales, aumentan las posibilidades de intimidación durante las elecciones del domingo. 

“Los colectivos van a defender con creces todo lo que han conseguido hasta ahorita y lo harán con las armas y con la vida de ser necesario», dijo un miembro de un colectivo del 23 de enero que prefirió omitir su nombre.

Agentes del Estado refuerzan la campaña del miedo

No todo el trabajo sucio se ha delegado en los grupos criminales, las fuerzas de seguridad del Estado también han participado activamente en la represión. Con el apoyo de jueces y fiscales, han detenido a más de un centenar de personas, llevado a cabo continuas persecuciones y han intimidado a la oposición y a sus partidarios.

En enero de 2024, Maduro llamó a militares, policías, aliados políticos y a sus partidarios a actuar contra la amenaza de un supuesto golpe de Estado. A los pocos días, varios murales y sedes de partidos de la oposición fueron objeto de actos vandálicos, pintados con la etiqueta «Furia Bolivariana«, el lema de la campaña de represión estatal de Maduro.

El 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitó a la líder opositora María Corina Machado para presentarse a las elecciones presidenciales, lo que derivó en una ola de violencia política perpetrada por agentes del Estado.

VEA TAMBIÉN: Nuevas elecciones, viejas estrategias: represión en Venezuela

El gobierno de Maduro ha utilizado la violencia para intimidar a la oposición y sofocar la inconformidad popular en el pasado, por ejemplo, durante las protestas masivas de 2014 y 2017. Pero, el Estado siempre contó con otras herramientas, así como con una mayor popularidad. Ahora, con las encuestas mostrando que el número de votantes en su contra más del doble de los que le apoyan, la violencia puede ser la única herramienta que le quede. 

En los últimos seis meses, dirigentes políticos de la oposición, periodistas y líderes de la sociedad civil han sido detenidos y perseguidos en toda Venezuela. En abril, en Portuguesa, en el centro-oeste del país, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron arbitrariamente a tres dirigentes de los partidos opositores Vente Venezuela y Primero Justicia. En junio arrestaron a un periodista y a tres activistas políticos de la oposición en Vargas, en el centro-norte del país.

Hasta el 16 de julio, 102 personas habían sido detenidas por estar relacionadas con el equipo de campaña de la oposición o por apoyar a Machado y González, según Foro Penal, una organización venezolana sin ánimo de lucro que presta asistencia jurídica gratuita a víctimas de detenciones arbitrarias. 

Más de 70 de las 102 personas detenidas fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad desde el 4 de julio, cuando comenzó oficialmente la campaña presidencial. Desde que Foro Penal publicó su informe, se han producido dos detenciones más: el jefe de seguridad de Machado, que fue liberado un día después, y un dirigente sindical de Monagas.