Hasta el miércoles, en los hechos Chile no contaba con relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, salvo por la formalidad de que aún estaban abiertos dos consulados en Venezuela: Caracas y Puerto Ordaz. Hoy, en el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya no cuentan ni con eso.

Esto porque a mediados de semana el régimen de Maduro, según indicó la Cancillería chilena, “solicitó a los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, el cese de sus servicios consulares, como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por lo anterior, dichos consulados tendrán que permanecer cerrados y sin atención al público”.

La decisión del régimen de Maduro se da a conocer en el medio de la tensión entre Chile y Venezuela a raíz de la investigación judicial por el crimen del exteniente Ronald Ojeda que fue perpetrado por el Tren de Aragua y, según testimonios de la fiscalía, existirían indicios de la participación del número dos del régimen venezolano: Diosdado Cabello. A raíz de este hecho, el ministra del Interior dijo hace unos días que el gobierno está dispuesto a llevar a Maduro a tribunales internacionales si se comprueba que el asesinato ocurrido en Chile fue ordenado desde Venezuela.

En la práctica, la medida de Maduro dejó a cerca de 12 mil chilenos presentes en suelo venezolano sin la posibilidad de contar con atención consular para realizar trámites administrativos como visas, pasaportes u otros papeleos. Lo mismo ocurrirá con los aquellos venezolanos que quieran viajar a Chile.

Por esto, el gobierno de Boric se enfrenta al dilema de cómo entregar la atención necesaria para intentar amortiguar el nuevo golpe del régimen chavista. En ese contexto, en La Moneda ha surgido la idea de acudir a la ayuda de algún país amigo que hoy cuente con servicios consulares activos en Venezuela, para que sean ellos quienes presenten la atención consular de Santiago.

Se trata de una medida que se suele aplicar en este tipo de casos. Sin ir más lejos, el gobierno de Brasil actúa como intermediario entre Venezuela y Argentina.

En favor de esta idea, el excanciller Heraldo Muñoz dijo a La Tercera que “Chile podría confiar los locales de nuestra Misión, bienes, archivos, intereses, y protección de nuestros connacionales a un tercer Estado, aceptable para el Estado receptor (Venezuela). Esto ha ocurrido muchas veces en la historia diplomática”.

Sin embargo, no es la única alternativa que tiene La Moneda sobre la mesa. Esto porque también existe la posibilidad de que los trámites consulares que requieran los chilenos residentes en Venezuela puedan hacerse vía internet.

Hasta el cierre de esta edición se esperaba que, desde Valdivia, el canciller Alberto van Klaveren entregara mayores detalles al respecto.

Hoy en La Moneda hablan de “suspensión de relaciones diplomáticas” porque afirman que no ha llegado aún una comunicación formal por parte de Venezuela y que apunte a esa idea.

Días atrás, la la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió hace unos días que “no hay relaciones diplomáticas rotas. Ese acto diplomático no se ha producido: romper relaciones. Nosotros no vamos a fomentar roturas de relaciones”. Esta última idea, dicen en el gobierno, aún se mantiene presente en La Moneda.

La respuesta de Caracas fue rápida, por medio de su canciller Yván Gil: “Desde agosto del año pasado la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por arrastrados a los gringos”. Su respuesta dio cuenta de que la apuesta de La Moneda por reconstruir relaciones con el régimen fracasó.

Fue el 25 de mayo de 2023 cuando el gobierno del Presidente Boric anunció la designación de Jaime Gazmuri como nuevo embajador en Venezuela. En octubre de 2024 Maduro sacó de suelo venezolano a toda la delegación diplomática que encabezaba Gazmuri. Luego, a inicios de 2025, Boric decidió sacar al exsenador socialista de sus funciones. La caída en picada de las relaciones culminó este miércoles con el cierre de los dos consulados en Venezuela.

La nueva arremetida de Maduro se da en pleno juicio a personeros del Tren de Aragua. Sobre eso, en La Moneda advierten que la decisión de acudir o no a la Corte Penal Internacional, por la presunta participación de Cabello, no se verá alterada, ya que aquello depende de cómo concluya la investigación del fiscal Héctor Barros, promotor de la tesis del intervencionismo venezolano, que ha salido a abrazar el gobierno.

El diputado liberal, Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara Baja señaló que “la dictadura de Nicolás Maduro se ha comportado prepotentemente, como lo hacen todas las dictaduras”, por lo que el estado actual de las relaciones entre ambos países es “de congelamiento en la práctica, es completamente esperable”.

Así, Mirosevic añadió que espera que las medidas diplomáticas del Gobierno “sean prontas y rápidas para que nuestros nacionales no sufran respecto a asuntos consulares”, dentro de las cuales se estaría evaluando que “un país amigo tome los servicios consulares que tome asiento en Venezuela o que se disponga de algún tipo atención digital”.

Raúl Soto (PPD), también miembro de la comisión, coincide con su par del Socialismo Democrático: “Creo que hace rato las relaciones diplomáticas de Chile con Venezuela están congeladas y cortadas”. Pero, además, subraya la necesidad de “endurecer el tono y la presión internacional en contra del régimen de Maduro”.

Por contrapartida, diputados de la oposición integrantes de la Comisión de RR.EE, son partidarios de romper todo tipo de relación con Venezuela. Cristián Labbé (UDI) manifestó que “hemos insistido al presidente de la comisión es que le diga al Presidente que basta de confiar en una dictadura como la de Maduro, tenemos que cortar todo tipo de relación y no esperar que ellos actúen. Lo que debería hacer la Cancillería es coordinar un vuelo humanitario para traer a todos lo que quieran volver a su patria y luego, empezar con el cierre de todo tipo de comunicación y relación internacional con Venezuela”.

La parlamentaria independiente de la bancada republicana, Catalina Del Real, dijo: “Debemos cortar definitivamente las relaciones bilaterales y reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Las señales han sido claras: no hay interés en restablecer relaciones constructivas, y la suspensión de los servicios consulares lo demuestra. Nuestro país solo debe proteger a sus ciudadanos y enviar un mensaje contundente a nivel internacional”.

Su par, Stephan Schubert, señaló que “es lamentable que haya sido la iniciativa de la dictadura la que esté poniendo término a las relaciones diplomáticas con Chile. La Cancillería ha actuado de manera reactiva, tenemos que tener la delantera”.

Por su parte, el excanciller Heraldo Muñoz fue categórico al señalar que “Chile no las rompió. Ha sido un rompimiento unilateral del régimen venezolano de Maduro”.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, planteó que tras el cierre de consulados. “Venezuela pasa a convertirse en un enemigo de Chile, hay que asumir que la relación con ese país entra en otra fase”. “Esto Chile lo pudo haber terminado antes. A partir de ahora, se hace inviable la llegada de nuevas oleadas de ese país a Chile, puesto que quien ingrese a territorio nacional, lo hará siempre sin papeles, y tendrá que someterse, por lo tanto, a otro régimen. Chile tendrá que tomar medidas más duras con Venezuela. Y todos los sectores políticos debieran entenderlo así: hoy sí se justifica pensar en centro de internación provisoria para migrantes indocumentados y para solicitantes de refugio”, agregó.