Caracas, 11 feb (EFE).- El equipo de defensa de la venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano -detenida desde febrero de 2024- denunció este martes que el inicio del juicio oral y público contra la activista fue diferido hasta el 31 de marzo por, dijo, la falta de traslado al juzgado.

A través de una publicación en X, el abogado Juan Luis González Taguaruco explicó que para este martes estaba previsto el inicio del juicio contra San Miguel y su expareja Alejandro González, pero fue pospuesto por “falta de traslado de los acusados al juzgado, por ende, causa imputable al Estado, obvio responsable del retardo procesal”.

“La doctora Rocío San Miguel y Alejandro González no demandan otra cosa que el respeto a sus derechos humanos, el cumplimiento de la garantía del debido proceso, la posibilidad de designar a un abogado de su confianza que les defienda. No han perpetrado ilícito penal alguno”, añadió.

San Miguel, acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó.

Este martes, la abogada Theresly Malavé pidió una “medida humanitaria” para que San Miguel, que sufrió una fractura en el hombro derecho hace seis meses, pueda ser operada por sus médicos de confianza y cumplir con el postoperatorio en libertad.

“Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro, y el éxito de esa operación es el postoperatorio (…) en familia”, dijo Malavé, quien aseguró a periodistas que en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, donde se encuentra recluida, “no existen las condiciones” para ello.

La jurista advirtió que la fractura -detectada “cuatro meses después” de que ocurriera y durante “una jornada médica”- le ha causado “inmovilidad del brazo, porque afecta directamente a los tendones”.

Desde su detención, según Malavé, la “única que ha podido ver a Rocío es su hija”, mientras que sus abogados no, y “ni siquiera la defensa pública” asignada. EFE