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La Asamblea Nacional chavista inicia este domingo su año legislativo con la renovación de su directiva, justo cinco días antes de la posible toma de posesión de Nicolás Maduro entre denuncias de fraude en su reelección.
Se espera que el presidente de la unicameral Asamblea Nacional, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, uno de los hombres de confianza de Maduro, sea ratificado en el cargo en la sesión dominical en Caracas.
Maduro, en el poder desde 2013, está convocado por la cámara el próximo viernes para juramentarse de cara a un tercer mandato consecutivo (2025-2031).
“El próximo 10 de enero de 2025 saldremos a las calles por millones a jurar por Venezuela”, dice el gobernante izquierdista en un video que publicó en Instagram, fragmento de un discurso pronunciado en diciembre a las puertas del palacio presidencial de Miraflores frente a manifestantes del chavismo.
“La casa del pueblo jamás caerá en manos de un títere”, lanzó Maduro en referencia al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama un triunfo en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El gobernante izquierdista fue proclamado reelecto por la autoridad electoral con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley.
La oposición reivindica un triunfo de González Urrutia y publicó en una web copias de actas electorales que sostiene que prueban su victoria.
La dirigente María Corina Machado, declarada en la clandestinidad, ha llamado a manifestaciones en mensajes en redes sociales, sin dar detalles.
Protestas poselectorales dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos, aunque cerca de 1.400 han sido excarcelados. Tres fallecieron en prisión entre denuncias de abusos y falta de atención médica.
González Urrutia, quien se exilió en España en septiembre, prometió volver a Venezuela para la toma de posesión el 10 de enero. Cumple con una gira internacional por Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.
Mientras Maduro llama a una reforma de la Constitución, el Parlamento ha venido aprobando leyes cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
A finales de noviembre, los legisladores aprobaron una ley que castiga con pena máxima de 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra el país, lo que activistas consideran una excusa para perseguir a opositores. El instrumento contempla juicios en ausencia.
Con información de AFP
