La Fiscalía comenzó a coordinar las acciones legales y diplomáticas necesarias para solicitar la extradición de José Alejandro Medina Ladera, ciudadano venezolano de 49 años y principal sospechoso del brutal homicidio de Ana María Pizarro.

Según confirmó el fiscal regional (s) de Coquimbo, Eduardo Yáñez, el ente persecutor está a la espera de la recepción oficial del informe de captura para presentar formalmente la petición de extradición ante los tribunales chilenos, algo que podría suceder en los próximos días.

Cabe recordar que Ana María Pizarro, de 56 años, fue vista por última vez el 3 de abril en La Serena. Dos semanas más tarde, el 18 de abril, sus restos fueron encontrados desmembrados en un sitio eriazo cercano a avenida Cuatro Esquinas. Desde entonces, el caso fue considerado prioritario por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios, que trabajaron en su esclarecimiento bajo estricta reserva.

En este contexto, en un punto de prensa en el Congreso, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a los hechos señalando que “es un ciudadano venezolano que residía en el país, que cometió el delito y que efectivamente se le vinculó uno anterior, y que habría abandonado el país al día siguiente de ocurridos los hechos. Se difundió una alerta azul para ubicar su localización, Venezuela informó su localización y se ha comunicado la alerta roja, que implica su detención”. 

“Este tipo de delitos en general con Venezuela, suelen tramitarse de esta manera desde el punto de vista de las policías. En el caso del Estado de Venezuela, la Constitución impide la extradición de nacionales. Entonces, probablemente va a ser un objeto de discusión”, puntualizó.

En esa línea, sostuvo que “respecto a este tipo de delitos, habitualmente la comunicación entre policías opera muy expeditamente, de hecho, sucedió en este caso que la Policía de Investigaciones difundió la alerta azul y fue la autoridad venezolana quien comunicó la localización del sujeto que permitió su posterior detención”. 

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¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA?

En cuanto al procedimiento que se debe seguir, Rodolfo Bórquez, socio de DBa Abogados, explicó que es el mismo que se ocupó para el caso del imputado por el crimen en Vicuña, sujeto que había sido detenido en Perú hace unas semanas.

“La fiscalía va, formaliza en ausencia a esta persona, será en el Juzgado Garantía de La Serena, después se solicita la extradición, se tiene que ir a la Corte de Apelaciones”, agregó. 

En esa línea, detalló que “la Corte de Apelaciones va a autorizar esa extradición y se va a poner en manos de Chile como país requirente a Venezuela, que en este caso es el país requerido. Y es ahí donde va a estar el problema, porque el Poder Judicial de allá tiene que resolver sobre la procedencia de esta extradición”.

A juicio el abogado, “esta extradición debiese ser rechazada en base a que hay una norma expresa en el artículo 69 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Eso sumado a que coincide con probablemente el artículo 13 del tratado que hay de extradición entre Chile y Venezuela, que autoriza a que la persona que está siendo requerida pueda interponer todos los recursos legales y lo va a interponer teniendo una norma de esa envergadura en la Constitución venezolana”.

“A la vez también recordar que Venezuela, a diferencia de Chile, sí ratificó la Convención Interamericana de Tratados. Por lo tanto, también tiene principios como el del artículo 4, número 5 de esa convención iberoamericana de extradición, en la cual se señala que los estados claramente tienen que ver que en caso que la nacionalidad pudiese traerle algún problema a la persona, claramente pueden negar la extradición”, sostuvo.

Eso si advirtió que eso sería tomando normas internacionales, “pero en este caso como hay una norma expresa ni siquiera es necesario tanto recurrir a ella, yo creo que basta con el puro artículo 69 de la Constitución de Venezuela para que el país requerido niegue esa extradición”.

“Eso es lo que debiese pasar y es lo que ha sucedido cuando Chile ha solicitado extradición de personas de Venezuela hacia el país y no es el primer caso ya que hay recientes en los cuales se ha negado la extradición de venezolanos”, recalcó.

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CRÍTICAS A LA POLÍTICA MIGRATORIA

En línea con lo anterior, el abogado advirtió que “yo creo que esto que sucedió da cuenta de que Chile necesita un régimen migratorio con control de fronteras potente y que claramente aquí vimos presentes todas las falencias del sistema con respecto al ingreso y a la salida de personas que finalmente terminan afectando al sistema de justicia”. 

“Entonces que claramente tengo la esperanza de que el próximo gobierno, sea quien sea, tenga una verdadera política migratoria y con control de fronteras, porque aquí hay ejemplos que hay que seguir de otros países”, recalcó.

En esa línea, enfatizó que “aquí hay que apuntar más a ser un país con un control fronterizo y migratorio como el de Estados Unidos que el de otras partes, porque este caso se va a demostrar con dramatismo lo que sucede cuando tienes una ausencia de política migratoria”.