El preso político venezolano Oswual González, de 43 años, murió este lunes en la cárcel de Tocuyito, en el Estado Carabobo, de acuerdo con las versiones iniciales, por no recibir atención médica adecuada luego de presentar problemas de tensión alta y un fuerte dolor abdominal que traía consigo una dolencia hepática. González había sido detenido el pasado 1 de agosto, en el estado Lara, ubicado a cuatro horas de Caracas, junto a su hijo de 19 años, que continúa en prisión. Sucedió poco después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en el contexto de las protestas populares que se celebraron en todo el país en aquellos días, durante los que miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en desacuerdo con los resultados electorales anunciados entonces, que declararon ganador a Nicolás Maduro.

Al enfrentar el descontento popular, que dejó 27 muertos y cerca de 200 heridos como saldo, Maduro prometió a los más exaltados “justicia”, y dispuso rápidamente de las ampliaciones de penales como Tocuyito o Tocorón, que habitualmente recibe presos comunes, para alojar ahora también presos políticos. Al menos 2.300 personas fueron detenidas en las protestas de aquellos días.

El presentar la denuncia, el Observatorio Venezolano de Prisiones y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), destacan en un comunicado que el prisionero, de acuerdo con lo que atestiguaron sus familiares, “había presentado síntomas de depresión”, luego de ser llevado a prisión, y posteriormente, tuvo “un fuerte dolor abdominal” que recibió un diagnóstico equivocado. El OVP afirma que el fallecido “recibió atención médica tardía, y no se ofreció a los familiares información precisa de su cuadro clínico”.

Este es el tercer activista de la oposición que muere en las cárceles venezolanas en pocas semanas, y el segundo que muere en el penal de Tocuyito en 72 horas. Hace pocos días, Jesús Álvarez, de 22 años, denunciaba el deceso de su padre, Jesús Rafael Álvarez, de 44, hecho prisionero el pasado 28 de julio, también durante las protestas de aquellos días. Se sospecha, también en su caso, que sufrió falta de atención médica.

El muchacho denuncia que se enteró del deceso de su padre porque le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. “En aquella foto, Álvarez estaba irreconocible: demacrado, con barba, muy delgado, con signos de haber sido golpeado”, afirma el Observatorio Venezolano de Prisiones y el CLPP.

La madre de Álvarez, Anny Sánchez, también está presa: ambos fueron detenidos en un allanamiento a su casa. El joven ha afirmado que su padre tenía buena salud antes de la captura y denunció que recibió maltratos reiterados. El cuerpo de su progenitor le fue finalmente entregado, luego de haber recibido negativas.

El 15 de noviembre, un mes atrás, también había muerto en la cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, en el Estado Anzoátegui, el activista opositor Jesús Manuel Martínez. Este militante de 36 años del partido Vente Venezuela, la formación del la líder opositora María Corina Machado, había presentado complicaciones con una diabetes y se deterioró muy rápidamente en la cárcel. Este deceso había sido reconocido por el Ministerio Público, que, al hacer el anuncio, afirmó en un comunicado que al prisionero “contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos que necesitaba”. Al conocer la noticia, Machado declaró que la muerte de Martínez fue una consecuencia de “las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado”, tras ser detenido “sin orden de allanamiento y sin motivo”.

En días anteriores, luego de diversas presiones, el Gobierno venezolano había aceptado revisar varios procesos judiciales contra opositores y aprobar la liberación de 300 presos políticos, incluyendo una buena cantidad de adolescentes, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público. La ONG Foro Penal afirma que tiene registrados únicamente 208 prisioneros liberados. En total, según el Foro Penal, sigue habiendo más de 1.900 presos políticos en el país, la cifra más alta de todo el hemisferio, más que en Cuba y Nicaragua.

Estos números se multiplicaron por varias cifras en 2024, particularmente luego de las protestas contra los resultados electorales del pasado 28 de julio, en las cuales fueron, además, derrumbadas nueve estatuas de Hugo Chávez por parte de manifestantes enfurecidos en toda la geografía nacional.