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Un defensor de los derechos humanos está desaparecido desde el 9 de mayo. Una joven detenida el 1º de agosto del año pasado, acusada de odio y terrorismo, murió el 10 de mayo. Madres y familiares de presos políticos cerraron otra fase de su insistente reclamo de libertad frente a la sede de la Unión Europea en Caracas. El régimen aún digiere la “Operación Guacamaya”. Una denuncia de Transparencia Venezuela da cuenta de la penetración de funcionarios del régimen en la liga de baloncesto profesional, como ya han hecho en el fútbol. Hay otras noticias: la campaña electoral de la que pocos saben, como admiten candidatos en sus recorridos, sigue su sinuoso camino hacia el 25 de mayo.
El defensor de los derechos humanos se llama Eduardo Torres. Es miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos. El viernes pasado, a las 4:00 pm, estaba en Parque Central y después de terminar una reunión les dijo a sus familiares que se iba para su residencia en la avenida Fuerzas Armadas. Nadie sabe de él. Ni en el Helicoide, ni en diversas sedes de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, Petare y la Zona 7, tampoco en la Dgcim. En el Palacio de (in)Justicia se negaron a recibir un escrito de habeas corpus, que es un recurso constitucional y protegido además -es un decir- por la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.
Ariadna Pinto tenía tan solo 20 años. Había nacido en Tinaquillo, estado Cojedes. A los 10 años de edad fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo I, desde los 19 era hipertensa. Una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) la acusó de incitar al odio y de terrorismo durante las protestas conta el fraude electoral del 28 de julio. Fue detenida y el encierro agravó sus padecimientos. El 1º de septiembre del año pasado fue hospitalizada por complicaciones severas. Permaneció vigilada y esposada hasta su excarcelación en diciembre pasado. Nunca se recuperó. El sábado murió.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces habrá que preguntarse lo mismo? El régimen habla de paz y solo produce daño y dolor. Se muere en las cárceles, bajo custodia del Estado, o fuera de ellas por la “custodia” del Estado. Los venezolanos de mayor edad, que padecieron la última dictadura del siglo XX, la del general Marcos Pérez Jiménez, tan apreciado en la cúpula del poder, ni siquiera deben recordar una situación tan humillante y contraria a la decencia y las leyes aún vigentes.
Hay otras noticias, quizás hasta plácidas, pero bajo un manto de oscuridad, sin horizonte, incierto para todos todo el tiempo, de alegrías efímeras. Venezuela merece otro destino. Se lo ha ganado como Dios y las leyes mandan. ¿Por qué no respetar la voz del pueblo? La gerente de coraje lo hace y asume sus responsabilidades. La patria se lo demandará. Los juramentos no son en vano.
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